Ahora que el espectro de “El Payaso” subió a escena, sentimos vivir en el circo de un régimen de impunidad. Lo dicen todos y en todas partes. Desde muy diversas ópticas se puede abordar el tema y las conclusiones siempre arrojarán un saldo negativo para valorar al país que no atina a colocarse en la escena internacional como un Estado en el que el Derecho tenga plena vigencia. Una de esas visiones tiene que ver con el derecho penal en un Estado moderno y hay una visión del derecho penal para la democracia y otro para los gobiernos de corte autoritario. En México reformas van y reformas vienen pero no hay una sola voluntad y un planteamiento coherente para uniformar tanto la orientación como los enfoques en esta materia y para un largo plazo. Además, las reformas carecen de reformadores y los cambios se intentan a la bartola y consecuentemente los frutos no aparecen. Es el caso del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Chihuahua, pero sobre todo la profunda injusticia que padece la república en materia federal. El arraigo y el confinamiento en penales federales semejan los mecanismos de los sistemas punitivos propios del nazismo y sus campos de concentración. Pero, cuando se hace el balance de todo esto, entre nosotros, la deuda crece por la impunidad, por una impunidad que ha echado raíces tan poderosas que parece imposible derribar el frondoso árbol que alimenta y en que viven los que hacen y deshacen sin que nadie, ni nada, los pueda frenar, castigar conforme al debido proceso y por sus faltas.
No está en mi ánimo simplificar ni circunstancias ni complejos conceptos en esta materia, pero tengo el deseo de explicar lo que se involucra en el tema. Ojalá y lo logre con esta entrega. Al surgir el Estado moderno se dejó atrás toda una tradición punitiva propia de la barbarie, prácticamente de la animalidad. La Ilustración produjo, con el aliento del liberalismo político, la propuesta de tipos delictivos, penas y procedimientos civilizatorios, para dejar atrás la tortura y la discrecionalidad de los gobernantes y poderosos que abusaban de la prerrogativa estatal de castigar faltas, que ni siquiera distinguían entre su naturaleza civil o penal. Es un largo recorrido que hoy se ha decantado en procedimientos que tienen relación con la rendición de cuentas, la responsabilidad meticulosa con la judicatura, la transparencia, la presunción de inocencia y, sobre todo, el abatimiento de la impunidad; o sea, que el que la haga, la pague, como se dice coloquialmente.
Una sociedad con altos índices de impunidad es una sociedad que paga altísimos costos, que sufre la ausencia de justicia como un profundo vacío de normatividad y Estado, lo que lleva a pensar en lo que ha sido la antijuricidad y, particularmente, la visión avanzada de ésta. Detrás del concepto antijuricidad está la cultura, que ha puesto en interdicto, para poner ejemplos obvios, al homicidio, la violación, el feminicidio, el robo, el fraude, el abuso de autoridad y la corrupción política. Decir antijuricidad es decir código axiológico, de valores, que una cultura determinada eleva como ideales esenciales que al practicarse le dan cohesión a la sociedad, a las relaciones interhumanas. Por eso cuando se habla de la antijuricidad como un elemento estructural del delito, de lo que se está hablando es de una cultura que ha decantado sus divisas, los fines que quiere emprender en colectividad, la esencia misma del individuo frente a la sociedad de la que forma parte y que quiere mantener indemne de toda transgresión que la hiera, que la ofenda y, finalmente, pueda destruirla.
No entender esto, cuando hablamos de justicia penal, es soslayar que cuando se comete un delito ciertamente se está agrediendo a alguien en concreto, pero, también, a la cultura, que es el cemento de toda la sociedad. Antijuricidad es un concepto que va de la mano de otro igualmente importante: la pena en su dimensión de lo criminal. Con la aplicación jurisdiccional de las penas se le restringen al agresor sus propios bienes jurídicos, con la idea de reafirmar la ética y los ideales de la cultura que previamente han nutrido la visión de lo que una sociedad considera como la transgresión a lo jurídico. Cuando se dejó atrás la venganza privada, la Ley del Talión, los bárbaros castigos –de raigambre puramente instintivo y animal– que aún prevalecen en pleno siglo XXI en sociedades arcaicas dominadas por el islam, se buscó también explicar el por qué de la facultad punitiva del estado y el por qué dicha facultad se entregó finalmente a los jueces.
Para explicar tan complejo tema se elaboraron no pocas teorías. Van desde las que sostienen que las penas están emparentadas con la propia justicia y que aunque es un mal que se aplica al infractor, a través de la restricción que se le impone, se muestra que la sociedad hace justicia a través del Estado. Otras sostienen que las penas combaten también los delitos futuros, que su aplicación sirve de dique para que otros no transgredan, lo que también se ha cuestionadoporque la sociología abunda en la crítica de que jamás se ha comprobado que halla un efecto intimidante y disuasorio, que de ser correcto haría de la pena vitalicia, preconizada por Duarte, un verdadero adefesio. Otra más realista se concreta a decir que la pena va contra el autor de la falta, y cuando se le limita en sus bienes jurídicos lo que se hace es poner a la sociedad a resguardo de quien puede ofenderla. Hay más teorías, pero no tiene caso exponerlas; lo que quiero es subrayar que todas, sin excepción, exaltan la necesidad de la punibilidad porque estiman que el delincuente hiere a la sociedad y lo hace doblemente cuando no recibe el castigo que la ley establece, sea porque se pudo autoproteger para evadir el castigo, sea que el Estado no cumpla con su cometido.
La lucha contra la impunidad es una lucha para sacar del cuerpo social el forúnculo que la lacera, que la enferma, que la trastoca, porque más allá del bien inmediato que se perjudica se empieza a derrumbar la cultura que le ha puesto prohibición al homicidio, al fraude, a la corrupción política. Esos bienes siguen estando en un altar como ideales, pero si en la realidad ni la vida, ni el patrimonio, ni la honestidad de los políticos se respetan, entonces, estos ideales axiológicos que le dan cuerpo a las conductas antijurídicas caen al abismo completo.
No trato de cuantificar los costos de la impunidad con números, con datos económicos, porque eso aparte de enormes dificultades para establecerlo con certidumbre, requiere de una investigación sumamente minuciosa. Lo que quiero es hablar de otros costos, que sumados propiamente a la impunidad nos hablan del tamaño de la crisis en esta materia. En primer lugar me he de referir a la simulación a que recurren los malos gobernantes para aparentar que no hay impunidad, que los aparatos de justicia funcionan y lo hacen bien, sobre todo en los casos que alcanzan alta visibilidad social. Se trata de la justicia que se aparenta a través del chivo expiatorio. Hace miles de años, los bíblicos israelitas acostumbraban sacrificar dos chivos: uno ofrendado a su Dios y el otro al demonio; este último chivo era cargado con todas las culpas del pueblo y era abandonado en el desierto, entre insultos y pedradas. Creían así que en continuidad quedaban libres por sus faltas. Obsérvese que cuando esta idea se traslada a nuestros tiempos lo que el gobernante hace es saciar el hambre social de que alguien pague las faltas que torturan a las buenas conciencias; quiero decir que es más complejo el tema que la simple ocurrencia de un gobernante que ofrece resoluciones fingidas.
Pero no perdamos de vista que los funcionarios del Estado moderno –México aspira a serlo– tienen facultades expresas y limitadas y entre estas no figura dedicarse a fabricar culpables para ostentarse como eficientes. Quienes pretenden por esta vía obtener buenas calificaciones en la lucha contra la impunidad, lo único que hacen es acrecentarla con un delito aún más deleznable, porque la cultura, base del concepto antijuricidad, tiene descartado el engaño político y el engaño social en esta sensible materia.
La lista de chivos expiatorios fabricados por los gobernantes mexicanos es enorme y se ha acumulado a lo largo de los siglos, y hoy no ha sido descartada esta táctica por los malos gobiernos. Pongamos ejemplos de nuestro pasado reciente aquí en Chihuahua: para el feminicidio se ofrendó a Abdul Latiff Shariff Shariff, alias “El egipcio”; a los llamados Ruteros, a “El Tolteca”, “La Foca” y “El Cerillo”, éste último absuelto plenamente de las acusaciones que le formuló Patricio Martínez García para exorcizar las fantasmas del campo algodonero. De “La Foca” ni hablar, murió en circunstancias por demás oscuras.
Ahora tenemos en escena a “El Payaso”, que en vida utilizó los nombres de Héctor Miguel Flores Morán y José Rodríguez Flores, al que se le atribuye el homicidio de la activista Marisela Escobedo. Se antoja como un muerto de oportunidad y cabe decir que el arma mostrada por la Fiscalía, por más suiza que sea su manufactura, es casi de utilería e impropia del profesional que se ve actuando en el video. Los mejores chivos expiatorios son los que están muertos, porque los muertos no hablan.
El más grave costo de la impunidad proviene de la simulación, brota de montar chivos expiatorios. Porque en el débito se apunta, como en el chorizo del billar, las bajas reales de los valores que se vulneran con la delincuencia, la transgresión a la cultura, y se suma algo que no tiene razón válida alguna: el aparentar que hay justicia cuando no la hay, y poner todos los aparatos del Estado al servicio de la falsedad, la descarada mentira, que en principio nuestra sociedad repudia.
Como suele suceder con la corrupción, no es la enorme la que mayor daño hace a las sociedades democráticas, sino esa de tamaño intermedio que todos los días va dañando como la gota permanente que horada la roca y un día termina por partirla en dos. Así, los chivos expiatorios del tipo que se está vertebrando mediáticamente con el deleznable crimen de Marisela Escobedo, pero también por otros muchos que ignoramos, en la oscuridad se resuelven mediante la tortura y la presentación de supuestos victimarios, que se entregan a las víctimas en ofrenda de que se hizo justicia, cuando en esencia lo que se realizó fue una injusticia más. Una pregunta ronda Chihuahua: ¿Qué pierde la sociedad cuando no se hace justicia? Pierde lo mejor de su cultura y da paso a la animalidad y la barbarie. Al concluir este artículo recordé la canción que también canta Eugenia León: “Teatro / lo tuyo es puro teatro / falsedad bien ensayada / estudiado simulacro...”.
Jaime GARCÍA CHÁVEZ
