Hablar de finanzas y cuenta pública, tanto en nuestro país como en el mundo dominado por el neoliberalismo, es un problema mayúsculo. Se confunde lo esotérico con el engaño, la información con la percepción manipulada. Desentrañar qué significa “certificación” –como la de Fitch Ratings‒, “bursatilidad”, “capacidad de maniobra”, “udización” “fideicomiso irrevocable de emisión”, “apalancamiento y sostenibilidad de la deuda” es una tarea mayor que la que encaró Champollion para descifrar la lengua hierática o sagrada de los egipcios. Quiero decir que la comprensión cabal de estos conceptos de la clase política requiere mayores esfuerzos que la primera traducción de la famosa piedra Rosetta. Seguramente habrá quien sonriese escéptico ante esta afirmación y le concedo toda la razón, pero el símil vale, como también es pertinente para descifrar las misceláneas fiscales que durante años fueron el quebradero de cabeza de los contribuyentes mexicanos, particularmente aquellos que no podían contratar costosos contadores, financieros y fiscalistas.
A los gobernadores priístas del país les afecta el nuevo síndrome Humberto Moreira, cabeza de la casa dinástica de Coahuila que endeudó a su estado de manera irresponsable para un ciclo que alcanzaría varios periodos sexenales del estado natal de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. A Moreira lo agarraron con los dedos contra la puerta, más que por su nepotismo por haber empleado el poder de su firma para hundir en crisis financiera al estado que gobernó hace seis años y sigue gobernando a través de su hermano impuesto. Pues este síndrome lo padecerá Chihuahua, hay elementos de antaño que marcan la tendencia, bajo la desordenada administración financiera de César Duarte. Se trata de un problema al que hay que ponerle un hasta aquí. Ahora ya es tarde pero mañana la tardanza será mayor y el desbarajuste incontrolable y nos golpeará más profundamente la crisis. Bajo esta óptica resulta deplorable, por decir lo menos, el pronunciamiento empresarial laudatorio aparecido hace unos días y en el que se lee: “...esta entidad (Chihuahua) cuenta con finanzas sanas que le permiten adquirir créditos sin comprometer su capacidad de maniobra, con lo que queda de manifiesto el que se pueda presumir de tener una de las 5 economías estatales más sólidas del país”. Esto lo afirma, a nombre de todas la agrupaciones empresariales, el señor Ramiro Arroyos Piñón, haciendo el papel de corifeo de la tragedia duartista. Sin más, el pronunciamiento se suma a la industria del desplegado lambiscón que azuela nuestra tierra. Por lo demás, es politiquería, porque esos mismos empresarios que hoy aplauden, son capaces de llorar mañana y desgarrarse las vestiduras. No es con desplegados, sino mostrando datos duros e información consistente como se entra a este tema.
Estas son las cifras oficiales de la deuda pública y su evolución a las que he tenido acceso en documentos gubernamentales: a diciembre de 2005 su monto era de 102 millones de pesos (sumas redondeadas) y para el mismo mes de 2009 su monto se elevó a 2 mil 265 millones de pesos, con un incremento del 2 mil 105 por ciento, para llegar a idéntico mes en el 2010 a 4 mil 962 millones de pesos; es decir, entre 2009 y 2010, en un sólo año, la deuda estatal se incrementó 2 mil 696 millones de pesos, equivalente a 119 por ciento. El gobierno de Duarte, además, en su primera Ley de Ingresos, aprobada en diciembre de 2010, recibió el obsequio del Congreso para contratar deuda (empréstito) hasta por la cantidad de 3 mil millones de pesos más intereses, garantizando su pago con el 75 por ciento del Impuesto sobre Nóminas, y subrayo que es el principal ingreso propio. Números van y números vienen, para fines mediáticos se acomodan de una manera u otra con la finalidad de enmascarar la realidad y hacerla perceptible a los gustos y caprichos de los hombres del poder. En cualquier esquema en el que tenga mediana vigencia la transparencia y la rendición de cuentas, toda la sociedad, y particularmente los contribuyentes sabrían estos números con exactitud. Pero no es el caso. Lo que reina es el disfraz al servicio de la alta discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas y a este respecto conviene ver la historia de la intervención de la calificadora Fitch Ratings (hábil instrumento de la usura y la rapiña internacional) y todos los disparates que se han dicho con base en la misma:
La calificadora estadunidense, que tiene sedes compartidas en Nueva York y Londres y cuenta con 51 filiales distribuidas en todo el mundo, incluido México, emitió el pasado 26 de agosto un inesperado “comentario” financiero a raíz de la publicación de los niveles de endeudamiento de varios estados del país por parte de la Secretaría de Hacienda federal en el que se afirma que Chihuahua debe más de lo que reporta: 14 mil 196 millones de pesos en lugar de 4 mil 962. En ese comunicado, Fitch Ratings, que omitió comentar el monto de la deuda reportada tanto por el gobierno estatal como el federal, afirmó entonces: “La calificación actual de la calidad crediticia del Estado de Chihuahua es de A+(mex) con perspectiva crediticia negativa. Asimismo, mantiene una calificación de AAA(mex) de la emisión de certificados bursátiles CHIHUCB 05, cuya fuente de pago es el 12 por ciento del fondo general de participaciones correspondiente al Estado, los cuáles fueron afectados a un fideicomiso irrevocable de emisión, administración y fuente de pago”.
Dicha empresa se comprometió a finales de agosto a emprender una “investigación” y dar su última palabra. Casi dos semanas después, el pasado 9 de septiembre, Fitch Ratings ratificó su calificación crediticia respecto a Chihuahua con exactamente los mismos argumentos, y sobre las diferencias entre las cifras reportadas por el estado y la federación consideró que éstas “se deben a la forma en que ambas fuentes registran los saldos y disposiciones de los créditos de corto plazo y cadenas productivas de la administración central del estado y de la administración descentralizada (salud, educación y pensiones, principalmente)”.
Si el mismo razonamiento sirvió en agosto para que César Duarte denostara a Fitch Ratings, ahora, luego de la ratificación de las calificaciones el secretario de Hacienda estatal, Cristian Rodallegas convoca a los medios para declarar que “lo mejor que nos pudo pasar fue que Fitch nos evaluara, ya que es una empresa reconocida internacionalmente” y que, a partir de ello, en Chihuahua “tenemos una de las administraciones más sólidas del país”, además de contradecirse al afirmar que la calificación A+ reiterada por la calificadora norteamericana “es considerada como buena”, aún cuando la evaluadora lo considera exactamente al revés: “con perspectiva crediticia negativa”. ¿A quién creerle? Es difícil entender todo esto, insisto, pero es la manera de adulterar las cosas por parte de quienes conducen el patrimonio público.
Por otra parte es altamente preocupante cómo se han destruido las instituciones encargadas y obligadas conforme a la ley para auditar y fiscalizar todo lo relativo a la cuenta pública y en general a la situación financiera del estado. El Congreso local no ha tomado su responsabilidad y ni puede por su incapacidad y además no hay voces que insistan permanentemente sobre la materia. La oposición (¡vaya eufemismo!) es nula, llámese del PAN, del PRD y no se diga del Partido Verde y el Panal; y la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Sérbulo Lerma Carbajal tampoco hace nada, no obstante que es el órgano jurídicamente técnico para intervenir y nutrir de información a la sociedad sobre el manejo que la misma pone en manos de los gobernantes. Pareciera ser que el lema de los gobernantes es: “vive el hoy y que del mañana se encargue Peña Nieto”. Eso explica, dicho sea de paso, el que Duarte vaya en un largo peregrinar por el estado como una especie de santoclós dando y regalando lo que se le ocurre y al margen de toda planeación democrática. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo incrementó la discrecionalidad, pues si antes había quién intervenía para planificar y quién para invertir, hoy eso se hace cara a cara ‒lo que tampoco creo‒ entre el gobernador y su secretario de Hacienda. La discrecionalidad continúa y, no lo olvidemos, sin rendición de cuentas esto significa corrupción y disparates de todo tipo. Que lo hagan en su huerto sería su soberanía, pero es inadmisible en los asuntos del Estado.
La razón de César Duarte que hace de su gobierno una campaña electoral para restaurar el viejo autoritarismo encabezado por Enrique Peña Nieto es quizá una pedestre razón de Estado: una vez que llegaran a tomar el poder y en un viaje veloz por las obedientes legislaturas locales, un Congreso de la Unión maniatado, llevaría a la decisión de crear una especie de Fobaproa para las entidades federativas en bancarrota, como el Coahuila de Moreira, para absorber las deudas... y que las paguen todos los mexicanos para seguir saqueando a nuestro pobre país.
Por último, no olvide algo indispensable, siguiendo las valiosas ideas de la investigadora Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: la obligación esencial de toda administración, sin importar su rango es satisfacer las necesidades de la población con obras públicas productivas, lo que se logra si y sólo si, se cuenta con una hacienda pública saneada que impida contar con más de lo que está planeado que va a ingresar por contribuciones. Gastar más de lo presupuestado o vivir de prestado nunca ha llevado a buen puerto, y por tanto, hay que basarse en las fuentes ordinarias de ingreso. Y tengo para mí, mucho menos, comprometiéndose con la banca rapaz.
Jaime GARCÍA CHÁVEZ
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