El
principal flagelo del estado de derecho en México y la principal causa de que
los ciudadanos no vean en la autoridad el medio para poder convivir
armónicamente se llama “IMPUNIDAD”.
La
asociación civil mexicana denominada Mexicanos en Red presentó en 2008 un
estudio nacional sobre la participación ciudadana con respecto a las denuncias presentadas
por delitos sufridos y el resultado en aquel entonces es alarmante, no se
denuncian el 77% de los delitos que se cometen.
Pero
la estadística, que es un instrumento que sirve como punto de partida para
diagnosticar un problema y comenzar a diseñar el tratamiento para erradicarlo,
nos proporciona cifras aun más preocupantes,
pues del 23% de los delitos que se denuncian, solo entre el 7 y 9% alcanzan
a detener a los presuntos responsables y sancionarlos.
… “Las denuncias ciudadanas deben formar parte de una estrategia integral de combate a la incidencia delictiva, de lo contrario, las instituciones encargadas de impartir justicia difícilmente se podrá ganar la confianza de la ciudadanía”.
Sin embargo al no contar con corporaciones policiacas ni con autoridades de procuración de justicia confiables, resulta delicado descansar en los ciudadanos la fundamental tarea de denunciar los hechos delictivos.
Todo inicia en con la falla en la punibilidad, esa característica jurídica que en resumidas palabras significa que “quien la hace, la paga” pero eso no sucede en nuestro país, lamentablemente, lo que abre paso para que muchos ciudadanos hagan de su modo de vida actividades que atentan contra los bienes más preciados jurídicamente de los individuos, su persona, sus bienes y su patrimonio.
Diariamente vemos y convivimos con hechos delictivos de alto impacto que parecieran inofensivos, pero que forman parte de de una gran red de delincuencia que diversifica fácilmente sus ingresos cambiando de la piratería al secuestro o la extorsión o bien a la distribución de drogas.
Estos hechos se dan a plena luz del día y ante los ojos de las autoridades, solo por citar un ejemplo, en los puentes internacionales que comunican a México con Estados Unidos de Norteamérica, se pasean entre las líneas de los autos los vendedores de mercancías ilegales (música y películas) junto a los elementos de la POLICIA FISCAL, la policía federal preventiva y el ejercito mexicano.
Ese hecho resulta una burla para quienes aspiramos a vivir en un Estado de Derecho en el que se fijan las normas de convivencia social y de actuación de las autoridades.
Lamentable resulta también ver como los convoys del ejército se paran en los puestos de discos, películas, lentes y perfumes piratas a comprar la “mercancía”; no entienden es su limitada visión que llevar su dinero a esos puntos significa fortalecer al enemigo que los persigue y mata.
Ver como a unos metros de las garitas fiscales en las zonas fronterizas, se venden lentes, películas, discos y toda clase de mercadería pirata en las narices de “la autoridad”. En esa misma autoridad enla que los ciudadanos depositamos el poder de velar por nuestros intereses y de hacer que de manera ordenada y con apego a las normas, se castigue a quienes delinquen.
Sé que las personas que se dedican a la venta en menudeo de artículos piratas, o mejor llamados artículos robados, son la pequeña punta de una madeja interminable de IMPUNIDAD y corrupción en la que sin lugar a dudas los peces gordos están muy lejos de esas calles, donde se instalan los puntos de venta.
La impunidad nos condena a vivir en un estado sin ley, es la iniciadora de una serie vicios y de ilícitos como la corrupción, el tráfico de personas, los homicidios dolosos a plena luz del día, la extorción, la invasión a la propiedad privada, la amenaza a tu patrimonio, entre muchas más.
Nos hemos olvidado de la función del estado vigilante y garante de las libertades, hemos dejado atrás la legislación preventiva por pasar a una ineficazmente punitiva.
Hemos ido convirtiendo nuestro sistema judicial descansándolo en una legislación con castigos cada vez más impactantes, y mantenemos la discusión si la solución a nuestros problemas de inseguridad, están en la pena de muerte, aunque esta sea imposible implementarla por los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y ratificado, ¿para que queremos cadenas perpetuas y pena de muerte si no hay a quien aplicárselas, porque nunca se logra detener al culpable?
El reto está en construir una ley anti impunidad, tendremos todos que convertirnos en vigilantes de los que nos vigilan, para comenzar y hacer de esa forma de vida un hábito, hasta que logremos tener solidas raíces y un profundo respeto por el estado de derecho.
EDGAR Chávez Tarrío.

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